Este lunes 30 de mayo, el Ejecutivo observó la autógrafa de la ley aprobada por el Congreso que atenta contra la reforma universitaria impulsada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
Supuestamente dicha ley restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas, pero que debilita al ente rector.
En ese sentido, se envió el oficio N° 158 -2022 —PRA a la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, explicando las razones de esta decisión.
Una de ellas es que dicha autógrafa es perjudicial para su implementación, debido a que es necesario que haya una única estrategia y un horizonte claro respecto de un tema tan fundamental para el desarrollo del país.
Asimismo, esta iniciativa es contraria al bloque de constitucionalidad, en tanto que mediante ella el Poder Legislativo extingue a la SUNEDU como Organismo Técnico Especializado (OTE), crea una SUNEDU como una categoría distinta (además de inexistente en la LOPE como lo es un “ente autónomo”) y retira la adscripción de SUNEDU al MINEDU.
Se refiere también que se infringe los principios de la separación de poderes y de competencia. Sumado a ello, que la autógrafa altera el ámbito de actuación de la Sunedu y el rol del Estado de garantizar la calidad de la educación superior; entre otras observaciones.
