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El Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, a través de una resolución emitida el miércoles 8 de junio, ordenó a la presidenta del Congreso de la República, Maria del Carmen Alva, suspender el proceso de elección del nuevo defensor del pueblo.

“Se ordena a la presidente de la mencionada comisión especial (María Alva) suspender, de manera provisional, el actual procedimiento de elección del nuevo Defensor del Pueblo convocado por la actual Comisión Especializada del Congreso de la República, hasta que se culmine la tramitación del presente proceso. Bajo los apercibimientos de ley por su incumplimiento”, afirma la resolución.

El juez Jhon Javier Paredes Salas, autoridad a cargo de emitir esta resolución, advierte que es «un peligro inminente de que el referido proceso de elección (del defensor) termine realizándose sin los requisitos mínimos de publicidad, transparencia y participación de la sociedad civil”.

Estás observaciones se dan a partir de las advertencias del Sindicato de la Defensoria quienes cuestionaron la falta de transparencia del proceso y la ausencia de mecanismos que garanticen la participación ciudadana. En esa línea, el juez sustenta que Alva “no ha reconocido una etapa en donde se haya permitido a la ciudadanía ejercer control sobre la idoneidad de los candidatos, ni tampoco una etapa o etapas que permitan publicitar, de forma expresa y con amplitud, la información que se haya obtenido de la instituciones que guardan información relevante para este fin, como la obtenidas de la Contraloría General de la Republica, el Poder Judicial, el Ministerio público, entre otros”.

Ante ello, la presidenta del Congreso, previo a esta resolución, se ha mostrado a favor de acelerar el proceso de designación del defensor del pueblo, e incluso se mostró en contra de la intervención de la Contraloría, considerando que este proceso debería ser agilizado.

«Tenemos que agilizar este tema, vamos a pedir todos los documentos que sean necesarios, pero (…) el procedimiento va a ser diferente, no va a ser igual al TC. Eso que quede claro. Además, hablamos que lo vamos a elegir en esta legislatura. Entonces, por favor tenemos que ser menos burocráticos en los temas que vamos a pedir”, expresó Alva.

El objetivo de Alva era realizar estas elecciones lo más pronto posible, con una entrevista previa de los seis candidatos el 26 de junio, donde ese mismo día la Comisión encargada realizaría la votación para llevarlo al pleno el 28 de junio.

Ante esta resolución que le ordena paralizar el proceso de elección, el Congreso tendrá que esperar que se resuelva la acción de amparo que presentó el sindicato de la Defensoria.

La audiencia en relación a lo citado está programada para el 18 de julio, y dependiendo de las decisiones del Poder Judicial se podría continuar con el proceso de elección o podría ser anulado y el Congreso tendría que empezar un nuevo proceso.

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