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El Sindicato de Trabajadores de la Gerencia Regional De Transportes Y Comunicaciones La Libertad, denunciaron que la gerente de la GRTC-LL, Edith Chuco, pretendería suscribir un convenio con el consorcio Vial Driving, a fin de ceder el servicio de evaluaciones para obtener licencia de conducir de vehículos mayores.

El citado proyecto contempla, la entrega de la infraestructura del circuito de conducción ubicado en el km. 572 en El Milagro, propiedad de la institución regional, además, de cederle la facultad exclusiva otorgada por ley que tiene el ente del estado de evaluar a los postulantes.

Asimismo, el gremio señala que a fin de dar mayor vialidad al irregular proyecto, no permiten el uso del circuito de manejo de propiedad de la institución, pues se firmó un contrato de usufructo con el Instituto Superior Tecnológico No Estatal San Luis, para usar su infraestructura en las evaluaciones de habilidades en la conducción.

Cabe precisar que, de acuerdo al Reglamento de Emisión de licencias, señala que los gobiernos regionales son los únicos responsables de evaluar conocimientos y habilidades en la conducción, a postulantes para obtener licencia de conducir. Estas evaluaciones estarán a cargo de las dependencias regionales con competencias en transporte. La GRTC-LL, desde el año 2017, orgánicamente tiene un Centro de Evaluación de Licencias de Conducir – CELIC, y desarrolla las funciones de evaluación a postulantes.

En ese sentido, de ceder la facultad de evaluar a postulantes y la entrega del circuito de conducción de propiedad de la GRTC-LL, significaría que la institución no tiene capacidad operativa de ejecutar dicha función y por lo tanto el CELIC se desactivaría, encaminando el despido de trabajadores, y menos recursos para el desarrollo de funciones institucionales, en el marco de competencias transferidas por el MTC a los gobiernos regionales.

De otro lado, indican que esta pretensión de traslado de funciones es irregular, puesto que la GRTC-LL en ningún momento determinó y demostró, no encontrarse en capacidad de ejercer sus competencias exclusivas asignadas. Y se quiere desconocer lo establecido en la Ley 27444, que señala “el ejercicio de la competencia, es una obligación directa del órgano administrativo que la tenga atribuida como propia, son indelegables las atribuciones esenciales que justifican su existencia”.

Finalmente, han solicitado la urgente intervención de la Contraloría General de la República, para que efectúe acciones de control, por la pretensión de este cuestionado proyecto y no se concretice, porque incrementaría al doble el precio de las evaluaciones.

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