Agenda laboral del Gobierno pone en juego la atención de servicios públicos asegura exministro

0
116

Recientemente Indecopi ordenó al Ministerio de Trabajo y a la Sunafil de abstenerse de aplicar los alcances del decreto que prohíbe la tercerización laboral, y si bien la decisión de la entidad puede ser apelada, para el exministro de Economía y director de Videnza Consultores, Luis Miguel Castilla, es una muestra de que el país aún tiene instituciones que limitan los excesos de una autoridad ideologizada.

Asimismo, Castilla señala que además de tener un impacto negativo sobre la economía y el empleo formal, pudiendo afectar a 100 mil puestos formales, el decreto pone en juego la provisión de servicios públicos a la población. Esto se debe a que alrededor del 20 % del personal de las empresas del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) es tercerizado, incluyendo aquellas empresas a cargo de la provisión de servicios de agua, saneamiento, electricidad, entre otros.

Uno de los casos más notorios es el de Sedapal, una de las estatales que ha interpuesto una acción popular en contra del decreto de tercerización, y que tiene una planilla de 2,500 trabajadores y terceriza alrededor de 5,000 trabajadores que brindan servicios de operación y mantenimiento. Lo mismo sucede con las otras 49 Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) bajo el ámbito de los gobiernos subnacionales, muchas de las cuales se encuentran en una delicada situación financiera.

Por otro lado, la introducción de un desequilibrio que abarca la libertad sindical, la negociación colectiva, la huelga y el arbitraje de índole laboral no solo generará nuevos conflictos laborales en el ámbito privado, sino también en las entidades del sector público.

«Los líderes sindicales hoy aspiran a dirigir empresas públicas como lo muestra el reciente caso del cuestionado expresidente de Petroperú, responsable de la degradación de la estatal y su deficiente manejo empresarial. De esta manera, el riesgo es significativo de regresar a décadas pasadas cuando el número de huelgas llegaban a picos de 900 cada año con enormes pérdidas de eficiencia”, advirtió el extitular del MEF.