La presidenta de la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el contexto de emergencia sanitaria del Congreso, Magaly Ruíz, en trabajo articulado con la Defensoría del Pueblo, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, exhortó a las nuevas autoridades regionales y locales electas que se comprometan en garantizar la atención de este grupo vulnerable.
El pedido se dio por medio de la presentación de la Agenda para Gobiernos Regionales y Locales en materia de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes cuya referencia es la situación de la niñez y la adolescencia en el Perú marcada por diversos problemas como la violencia escolar cuyo reporte en el portal SíSeVe, indica que, del 1 de enero al 31 de octubre, se han registrado más de 9 mil casos, principalmente entre estudiantes de forma física. Adicionalmente, los Centros Emergencia Mujer, entre enero y setiembre, han atendido más de 7 mil casos de violencia, especialmente de violación sexual.
Frente a esta situación, cobra especial relevancia el compromiso que deben tener los gobiernos regionales y locales para cumplir con sus principales obligaciones frente a esta situación de violencia, en educación, salud, identidad, recreación, embarazo adolescente, trabajo infantil, entre otros.
Las obligaciones presentadas en la agenda, resalta la necesidad de asegurar una amplia difusión de los derechos de niñas/os y adolescentes en las instancias locales y regionales de gobierno, de la sociedad civil, comunidades y familias. Además, es clave prestar especial atención a las y los afectados por problemas creados por los cambios económicos, sociales y culturales, en especial a miembros de familias indígenas, en movilidad humana, o aquellas/os en situaciones de riesgo o que necesiten cuidados y protección especial.
En esa línea, existe la necesidad de fortalecer los servicios y programas de carácter comunitario que respondan a las necesidades, problemas, intereses e inquietudes especiales de las y los adolescentes, y ofrecer, a ellos y a sus familias, asesoramiento y orientación adecuados a esa etapa de vida. También, se debe articular la planificación regional y local con los objetivos y lineamientos de la Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030.
Asimismo, la agenda presentada contiene obligaciones vinculadas a la niñez y adolescencia en riesgo o desprotección familiar, atención y prevención de la violencia y todas las formas de explotación, trabajo infantil, prevención del embarazo adolescente, identidad, participación infantil, derecho a la recreación, derecho a la educación, derecho a la salud y nutrición, derecho a la protección social, y presupuesto.
«Mi compromiso es con aquellas generaciones en formación y mi esperanza es que, forjando bases desde hoy, nuestro país más adelante no sufra sus consecuencias. No podemos ser indiferencias a las necesidades y carencias con los que muchos niños, niñas y adolescentes viven hoy, debemos tomar acciones y comprometernos, por ello pido a cada nueva autoridad no descuidar a lo más preciado de nuestro país, su niñez», puntualizó.
