El gerente regional de Control, Joan Ramírez Merino, señaló que la Contraloría General de la República someterá a 21 funcionarios de la región La Libertad a procesos que podrían terminar con la inhabilitación o expulsión de su carrera pública.
“La reactivación de la facultad sancionadora de la Contraloría es importante porque esto va a permitir aplicar sanciones más céleres a aquellos funcionarios que se lo merezcan y que hayan sido involucrados en este informe”, precisó.
Asimismo, mencionó que anteriormente una sanción administrativa podía demorar hasta dos años, sin embargo, ahora estamos hablando de solo 6 meses, obviamente con la posible sanción y una inhabilitación y expulsión de la carrera pública.
De otro lado, Ramírez Merino, refirió que en los resultados del control gubernamental realizado en el 2022 en la región se emitieron 1,538 informes de control concluidos, de los cuales 584 corresponden al control posterior que incluye ocho auditorías de cumplimiento, 76 servicios de control específico, 20 auditorías financieras, una auditoría de desempeño y 479 acciones de oficio posterior.
