Otuzco: exgestión de Heli Verde contrató a cuñados de regidor Federico Castillo pese a estar impedidos mediante ley

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Escandaloso. Los cuñados del exregidor de la Municipalidad de Otuzco, Federico Castillo Gutiérrez, contrataron con la comuna provincial en el período 2019-2022, a pesar de estar impedidos mediante ley, al ser familiares en segundo grado de afinidad del funcionario municipal, afectando la igualdad del trato en el desarrollo de un proceso de contratación.

Es de señalar que, “estas acciones podrían configurar el delito de tráfico de influencias, en el sentido de que, una persona con influencias reales o simuladas, hace dar o prometer para si o para un tercero, donativo promesa o beneficio con el fin de interceder ante un funcionario público que ha de conocer o conoce un caso judicial o procedimiento administrativo, lo cual no garantiza la transparencia del proceso”.

Además, cabe mencionar que, según la Ley de Contrataciones del Estado, los familiares consanguíneos y de afinidad, hasta el segundo grado, de los regidores y otros funcionarios públicos se encuentran impedidos de contratar con el Estado durante el ejercicio del cargo y hasta doce meses después de haber concluido el mismo.

Es así que, tras verificar la información brindada por el OSCE, se comprobó que durante el periodo que Castillo Gutiérrez se encontraba en el cargo de regidor de Otuzco, su cuñado Julio Carranza Gamboa contrató con el Estado mediante la empresa TRANSESCAR S.A.C., asimismo, sus cuñados Manuel Jesús Bacilio Rosas y Fermín Elmer Juárez Campos también contrataron la comuna provincial, vulnerando el impedimento señalado en la Ley de Contrataciones del Estado.

Cabe precisar que, esto se sustenta en el Informe de Contraloría N° 004-2023-2-0420-AOP y en el Informe N° 005-2023-2-0420-AOP «Impedimentos que vinculan a familiares de integrantes del Concejo Municipal para contratar con el Estado», donde señalan como acto irregular la contratación de familiares en segundo grado de afinidad del integrante del Consejo Municipal, durante el periodo 2020, 2021 y 2022; lo cual contravino lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado; afectando con ello la igualdad del trato y la transparencia en los procedimientos de selección.