El presidente del Consejo de Ministros del Perú, Alberto Otárola, manifestó que el Gobierno planea centrar sus esfuerzos en 2024 para cerrar la brecha de agua y desagüe en el país, en especial mediante la ejecución del presupuesto público.
Es de señalar que, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, en 2022, el porcentaje de la población con acceso a agua por red pública fue del 88.9%, 1.9% menos respecto de 2019, mientras que el porcentaje de personas que accede a una red pública de alcantarillado fue del 74.2%, 0.7% pp menos.
La ejecución de proyectos públicos de saneamiento, cuyo propósito precisamente es crear infraestructura de cobertura para estos servicios o mejorar la existente, es subóptima en general. De acuerdo con cifras del MEF, la inversión pública en este sector, desde hace cinco años, oscila alrededor del 60% de ejecución de su presupuesto institucional modificado (PIM), lo cual sitúa a este sector usualmente entre los de menor porcentaje de ejecución del Gobierno.
Este bajo uso de recursos representa una enorme losa para el sector cuando miramos sus necesidades de inversión. Según el Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026, en este periodo de cinco años se requieren S/ 41,044 millones para lograr las metas de ampliación de cobertura, mejoramiento de infraestructura y sostenibilidad del sector, lo que se traduce en un monto promedio por año de S/ 8,209 millones.
En ese escenario, la colaboración público-privada es clave para cerrar la brecha de financiamiento. Las obras por impuestos y la participación del sector privado pueden generar inversiones más eficientes y servicios de alta calidad.
