Contraloría: exgestión de Víctor Cruzado habría contratado con empresa impedida por el Estado

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La Contraloría General de La República, a través del Informe de Acción de Oficio Posterior N° 021-2023-2-0421-AOP, advierte que la Municipalidad Provincial de Pacasmayo requirió servicios de proveedor que tenía impedimento de contratar con el Estado al mantener vínculo de parentesco en primer grado de afinidad con exregidor Edwin Richard Reyes Urteaga, afectando la legalidad de los actos de la administración pública y el principio de integridad que rige las contrataciones del Estado.

Según el informe, detalla que en la exgestión provincial de Víctor Cruzado Rivera se solicitó el de servicio de instalación de cobertura de policarbonato para mural del pasaje Brito en el distrito de San Pedro de Lloc, provincia de Pacasmayo, según informe N° 0398-2019-MPP, CIDUR/MFCD, MEMORANUDM N° 2782- 2019-GAF-MPP, a la empresa REFRACPAC SERVICIOS ESPECIALIZADOS E.I.R.L.

En la información de la empresa figura como accionista, integrante del órgano de administración y representante al señor Torres Reyes Raul Estuardo y que el ente contralor lo señalan como suegro del exregidor edil, puesto que en la Declaración Jurada del referido exfuncionario consignó a Torres Reyes Raul Estuardo como su suegro, según el ente contralor.

Imagen sacada del Informe de Acción de Oficio Posterior N° 021-2023-2-0421-AOP

Del cuadro anterior, se advierte que el proveedor REFRACPAC SERVICIOS ESPECIALIZADOS E.I.R.L., contrató con la Municipalidad Provincial – San Pedro de Lloc, esto es en el ámbito de la competencia territorial del exfuncionario edil.

Por consiguiente, el señor Reyes Urteaga Edwin Richard se encuentra impedido de contratar con el Estado, en el ámbito de su competencia territorial durante el periodo de tiempo que ejerció el cargo de Regidor y hasta doce (12) meses después de culminado, de acuerdo al Texto Única Ordenado de la Ley N° 30225.

En ese sentido, la Contraloría solicita a la actual gestión que tome las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.