Pese a la gran contribución del sector minero a la economía del país, los permisos de exploración y la conflictividad social frenan la inversión minera. Paola Bustamante Suárez, exministra de Desarrollo e Inclusión Social, a raíz de los frecuentes conflictos sociales en zonas mineras, resaltó la importancia de la planificación previa, la coordinación interministerial y el enfoque en las necesidades de las comunidades locales para abordar adecuadamente los temas sociales y de desarrollo en el contexto de las zonas de exploración y explotación minera.
La extitular del Midis resaltó la importancia de que el Estado identifique las necesidades y carencias de las comunidades locales para asegurar el acceso a servicios básicos antes de la llegada de las inversiones mineras.
“Por mucho tiempo, el Estado ha transmitido a la población que el problema de la carencia de acceso a servicios básicos o del propio desarrollo del territorio está directamente vinculado a que llegue la inversión minera”, comentó.
Finalmente, según Bustamante Suaréz, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) no ha prestado suficiente atención a los compromisos sociales, que a menudo se han traducido en microproyectos con poco impacto. Además, añadió que los compromisos establecidos en el estudio deben reflejar acciones que complementen las labores del estado y no simplemente que la expectativa de resolver un problema desde cero recaiga en la empresa.
