Indignante. El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, se libró de una sentencia por el delito de estafa y falsedad genérica, al acogerse de una ley de prescripción de procesos judiciales que él mismo votó para ser aprobada.
Esto luego que, el 11 de mayo del presente año, el Congreso dio luz verde a la Ley N°31751 que modificó el Nuevo Código Procesal Penal, ordenando acortar a un año el plazo de suspensión de la prescripción de la acción penal para todos los procesos penales.
El 21 de julio, el juez titular del Tercer Juzgado Penal del Cusco, Carlos Román Gil, convocó a la defensa de la Empresa de Transportes Turísticos Waynapicchu para resolver dos denuncias penales que interpuso contra el congresista Alejandro Soto por los delitos de estafa y falsedad genérica.
Dicha empresa señaló que había pagado S/20.000 a Alejandro Soto para que se encargara de la redacción de los estatutos de la empresa, sin embargo; nunca cumplió con el acuerdo y se quedó con el dinero.
En el segundo caso, en el año 2012, la misma empresa adquirió un terreno por 25 mil dólares con un metrado de 640,61 m2. Quien ofreció el terreno fue el presidente del Congreso, Soto Reyes, haciéndose pasar como como asesor legal de una inmobiliaria, sin embargo, Soto Reyes era el dueño del terreno y lo vendió con un incremento del 5 000% además que, el terreno fue ofrecido con un metrado de 879,9, cuando en realidad medía menos.
En su momento, la fiscal Ethel Marquina solicitó 8 años y 8 meses a Soto por los dos casos. Por estafa y falsedad genérica.
En un inicio el juicio se estableció para el 12 de abril, pero fue postergado para el 21 de julio porque los imputados no contaban con un abogado y su defensora de oficio era la esposa del mismo magistrado.
Sin embargo, días antes del juicio final, Soto aprobó la Ley N°31751, ley que permitió que el juez Carlos Román declare la prescripción de la acción penal contra Alejandro Soto.
