Hace algunas semanas, el consejero regional por la provincia de Pataz, Frank Solórzano Rojas, denunció ante el Ministerio Público a Martín Camacho Paz, gerente regional de Educación de La Libertad, por contar con dos títulos de profesor en la especialidad Matemática y Computación e Informática presuntamente falsos, expedidos por el Instituto de Educación Superior Pedagógico Virgen de la Puerta.
Tras las investigaciones preliminares realizadas en este caso, la fiscal provincial Jennifer Ludeña Meléndez, de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada, mediante disposición fiscal, determinó que elevará un informe al Fiscal Superior Nacional Coordinador de las Fiscalías Especializadas en delitos de Corrupción, de Criminalidad Organizada y de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, con el objetivo que se determine cuál de estas 3 fiscalías debe investigar formalmente la denuncia hecha por el consejero Solórzano Rojas.
“Los Fiscales Supraprovinciales y/o Provinciales Especializados en delitos de Corrupción de Funcionarios, de Criminalidad Organizada y de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, que habiendo recibido la denuncia o, de ser el caso, luego de realizada las diligencias preliminares, adviertan que la investigación sometida a su conocimiento no cumple con los presupuestos previstos en los artículos 18 y 19 del presente reglamento; elevarán un informe debidamente sustentado al Fiscal Superior Nacional Coordinador de las Fiscalias Especializadas en delitos de Corrupción, de Criminalidad Organizada y de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio (estando a la competencia material que cada una de estas subespecialidades conoces), a fin que dicho fiscal determine competencia. Sin perjuicio de ello, el fiscal a cargo de la investigación deberá continuar con las diligencias del caso hasta que se establezca la competencia respectiva, bajo responsabilidad funcional”, refiere el documento.
Asimismo, la fiscal Ludeña Meléndez precisa que su despacho tiene por competencia investigar casos organización criminal; en ese sentido, decidió inhibirse de las indagaciones que se le sigue al titular de la Gerencia Regional de Educación, argumentando que no existe una organización criminal.
“Inhibirse del conocimiento de este caso, por la no existencia de una organización criminal. Elevar los actuados correspondientes a la Fiscal Superior en grado, a fin de que emita un pronunciamiento al respecto”, se lee en la disposición fiscal.
