Congresista liberteño es vinculado a mineros ilegales de “La Gran F.A”

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Según informó «Hildebrandt en sus trece», a través de una nota de inteligencia del 4 de septiembre pasado, se tomó conocimiento que los tentáculos de la organización criminal “La Gran FA”, dedicada a la minería ilegal, llegaban hasta el Congreso de la República con la elaboración de proyectos de ley que tenían como único fin favorecer sus actividades ilícitas.

Como se sabe, la madrugada del pasado 29 de septiembre, la Fiscalía contra el Crimen de Organizado de La Libertad ejecutó un megaoperativo contra la organización criminal conocida como «La Gran F.A.» que estaría dedicada al delito de minería ilegal, en sus modalidades de exportación y extracción del mineral en la provincia de Otuzco.

En la mencionada operación se logró detener a 33 involucrados, entre ellos el exgerente de Energía y Minas del Gobierno Regional de La Libertad, Raúl Araya Neyra y al coronel PNP, jefe de la División de Orden Público y Seguridad de la Región Policial La Libertad, Arturo Balta Paredes.

Mediante interceptaciones telefónicas se logró escuchar conversaciones entre el empresario carbonero Paul Valverde López y un operador de los mineros identificado como Marco Loyola Meléndez sobre un proyecto de ley en el que ambos estaban interesados.

En dicha comunicación Loyola le comentó al empresario que los asesores, el grupo de trabajo y el mismo congresista que Valverde había conocido querían concretar una reunión, además, le indicó que tendrían que hacerle algunos “reconocimientos” por la aprobación de la ley.

“Mira, justamente la Mesa Directiva… Mira, te llamo por línea dos, contéstame por WhatsApp porque eso no puedo hablar directamente por acá”, le comentó Loyola.

Respecto a ello, para los investigadores les resultó sospechoso una propuesta de ley que favorecía a los mineros ilegales. Se trata del proyecto de ley 891/2021-CR presentado por el fujimorista Víctor Flores Ruiz, representante por La Libertad, que promueve que se declare “de interés nacional la creación de un “parque minero-carbonero” en su región.

Cabe precisar que el mencionado proyecto de ley fue aprobado por el pleno con 92 votos a favor en noviembre pasado; sin embargo, el gobierno de Pedro Castillo lo observó argumentando que el parque no era competencia del Congreso sino del Ejecutivo.

A pesar de ello, la Comisión de Energía y Minas del Parlamento insistió en el proyecto y actualmente está lista para volverse a debatir en el pleno.

Ante estos presuntos indicios de actos irregulares, la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, deberá evaluar abrir una investigación preliminar con el congresista liberteño, Víctor Flores, y los que resulten responsables de presuntamente haber recibido algún pago para impulsar el proyecto del parque carbonero.