La subgerente de Contabilidad, Michell Quiróz Marreros, informó ante el Consejo Municipal los Estados Financieros y Presupuestarios del Ejercicio Fiscal 2023 de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) y reveló que las cuentas por pagar a proveedores de servicios y por adquisición de bienes se incrementaron de S/ 6.8 millones en el 2022 a S/ 13.3 millones en el 2023, es decir, las deudas incrementaron el doble durante la gestión de Arturo Fernández. Entre estas deudas, se registra el pago de la iluminación de la plaza de armas de Trujillo por fiestas navideñas.
El gerente de Asesoría Jurídica, Luis Gutiérrez Gonzáles, señaló que la gestión de Fernández Bazán dejó deudas a proveedores que no se van a poder pagar, como el caso de la intervención para iluminar y decorar a la plaza de armas en el mes de diciembre, donde se iba a gastar S/ 300 mil y solo se pagó S/ 100 mil. Hoy, el proveedor de este servicio reclama sus S/ 200 mil, pero no tenía orden de servicio de la MPT.
Según indicó Gutiérrez Gonzales, el servicio que ofrecía era por más de más de ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT) lo que, de pagarse, llevaría a cometer un delito y a generar problemas incluso de orden penal.
“Se detectó que hubo fraccionamiento deliberado para pagar por ítems similares. Se desconoce cómo se hizo la contratación por esa modalidad de servicios, lo que se podía hacer solo hasta por S/ 62 mil o S/ 68 mil, por comparación de precios”, manifestó.
Incluso precisó que se habrían sacado adelante dos o más contrataciones por el mismo servicio, para no hacer la licitación y adjudicación. Por lo que, hubo fraccionamiento deliberado y no correspondía el pago por una posible negociación incompatible.
“No es que está gestión no quiera pagar. Esa actividad la hacía antes el Arzobispado y la Iglesia Católica y no le costaba nada a la MPT. Ahora hay un tema legal con repercusiones penales. Le dieron a dedo y no se puede cancelar porque configuraría un pago indebido”, enfatizó el alcalde Mario Reyna.
También se hizo mención a saldos por S/ 4 millones que quedaron devengados, como en el caso de la instalación de albergues, donde se ha buscado sustento para esa conformidad de pago que se dio en algún momento y no estuvieron bien hechas, por lo que se procedió a la anulación de esos devengados.
En total, son siete millones de deuda en activos no financieros y en bienes que no podrían ser cancelados por haberse detectado irregularidades.
