El Tribunal Constitucional (TC) resolvió ampliar por 5 años el plazo para que el Ejecutivo supere «el estado de cosas inconstitucional respecto del permanente y crítico hacinamiento de los establecimientos penitenciarios» a nivel nacional.
Así fue dispuesto en un fallo emitido el último viernes, en que, por mayoría, el máximo intérprete de la Carta Magna señaló que el cumplimiento de la ejecución de su fallo estará abierto hasta el año 2030.
No obstante, ordenó que el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informen «documentalmente», en el mes de enero de cada año, sobre los avances concretos y el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Política Nacional Penitenciaria al 2030, para alcanzar el deshacinamiento carcelario en los establecimientos penitenciarios de nuestro país».
«Sobre la base de esos avances, el Tribunal adoptará las medidas que considere pertinentes para la ejecución efectiva de la sentencia», remarca el fallo.
