El exgerente regional de Educación, Martín Camacho Paz, denunció penalmente a los integrantes del Consejo Regional de La Libertad (CRLL), por los presuntos delitos de “omisión o retardo de actos funcionales y cohecho pasivo propio”.
Camacho Paz acusa al CRLL de no actuar oportunamente frente a sus denuncias hechas contra los consejeros regionales por la provincia de Pataz, Frank Solórzano y Luis Rodríguez, de haber realizado presuntos cobros indebidos en el sector Educación.
La denuncia señala que el consejero Frank Solórzano habría realizado cobros irregulares por el desempeño simultáneo de funciones como docente en la I.E. Chilia y en la I.E. N° 80449 en el distrito de Huayo, ambas en la provincia de Pataz.
“Configurando un posible cobro indebido de haberes en contravención de las normas del régimen magisterial y de la Ley N. ° 30057 – Ley del Servicio Civil. Así pues, en mi condición de Gerente Regional de Educación comunico expresamente al Consejo Regional estos hechos que incluso fueron denunciados penalmente a la Fiscalía Penal de Turno de Trujillo, solicitando su intervención fiscalizadora a fin de verificar la legalidad de los pagos efectuados y las responsabilidades administrativas o penales que pudieran derivarse”, se lee en la denuncia.
En lo que respecta al también docente y consejero Luis Rodríguez, habría sido beneficiado irregularmente con licencias con goce de remuneraciones, las mismas que habrían sido aprobadas sin sustento legal ni causal debidamente acreditada.
Martín Camacho precisa que estos hechos fueron informados al consejo regional, mediante oficios suscritos por la Gerencia Regional de Educación, a fin que se tomen las acciones de fiscalización y control, sin embargo, el pleno no convocó a sesiones de comisión, no solicitó información complementaria ni trasladó la documentación al Órgano de Control Interno de la Contraloría General de la República.
“Los hechos expuestos evidencian una conducta funcional gravemente dolosa por parte de los consejeros regionales, quienes, al incumplir su deber de fiscalización frente a las denuncias y comunicaciones remitidas por la Gerencia Regional de Educación, han contribuido a la afectación de la legalidad administrativa, la transparencia institucional y el adecuado uso de los recursos públicos”, señala la denuncia.
En esa línea, el exgerente regional de Educación está solicitando al Ministerio Público disponer las investigaciones necesarias para determinar la responsabilidad penal individual de los consejeros que omitieron deliberadamente actuar en defensa del interés público.
