El gobierno central ordenó elevar la pena privativa de la libertad, para toda persona que, mediante uso de la violencia o amenazas, obliga o impide a otro integrar un sindicato. Está pena varia de dos a cinco años, asimismo, va dirigida para quienes incumplan las resoluciones consentidas o dictadas por las autoridades especializadas (Sunafil o Poder Judicial).

Según el Decreto Legislativo 1323, que busca “fortalecer la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género, y sancionar las conductas de explotación humana en todas sus formas”, también ordena la misma pena para quienes, de manera causal o simulada, busquen desvincular de las personas de su centro de labores.

El especialista en temas laborales, Ricardo Herrera, sostuvó que se esta penalizando el derecho laboral como sucedió en Noviembre del 2015, cuando se incorporó la violencia de delito familiar o patrimonial, con la medida de desigualdad salarial, anteriormente, la norma establecía una pena no mayor a dos años para personas que obligaban a otros a realizar trabajos por medio de amenazas o uso de la violencia.

Asimismo, la norma establece sanciones más severas contra la explotación laboral, de entre seis a doce años, para quienes sometan y obliguen a otra persona, contra su voluntad a realizar un trabajo, sea retribuido o no.

Dejar respuesta