Pese a las medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar el aislamiento domiciliario y evitar que el coronavirus covid-19 siga expandiéndose, un sector de la población no viene acatando el D.S. N°044-2020-PCM, que declara la Emergencia Nacional y el D.S. N°046-2020-PCM que impone la Inmovilización Social Obligatoria, toque de queda.

Para el abogado Alfredo Galindo, ex fiscal del Ministerio Público de La Libertad, los ciudadanos irresponsables que no obedecen las disposiciones del Gobierno y son detenidos, deben ser denunciados por los delitos de resistencia o desobediencia a la autoridad agravada y violación de medidas sanitarias.

El primero acarrea entre 3 y 6 años de pena privativa de la libertad, el segundo delito es sancionado con una pena que oscila entre 6 meses y 3 años.

«En este caso la orden es de no salir de la vivienda, por tanto, aquellos que están jugando fútbol o libando licor, entre otras actividades no relacionadas a la emergencia sanitaria, incurren en estos delitos», señaló en su cuenta de Facebook.

El hombre de leyes señaló que en la desobediencia para acatar las disposiciones del Gobierno para hacerle frente al covid-19, los infractores podrían cometer delitos periféricos que podrían agravar su situación legal. Violencia contra la autoridad en el ejercicio de sus funciones es uno de ellos.

» En este caso la pena es más dura: de 8 a 12 años», enfatizó el conocido abogado trujillano.

En el caso de que un ciudadano este infectado con el covid-19 y sabiéndolo no cumpla con el aislamiento domiciliario podría ser denunciado por el delito de propagación de enfermedad religiosa o contagiosa, las penas en este caso varían entre 3 y 10 años de cárcel, la situación se agrava si la persona contagiada por el infractor fallece, en este escenario la pena será de 10 a 20 años.

«Por ello urge que las personas que no acatan la norma, no solamente sean detenidas y al día siguiente liberadas, sino que deben ser puestas a disposición del Ministerio Público y éste solicitar ante el juez penal la medida coercitiva que corresponda que, en algunos casos, puede ser hasta la prisión preventiva. La gravedad de la situación de emergencia y el incremento de muertes por el conavirus 19 así lo exige», puntualizó Galindo Peralta.

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