Un contingente policial en conjunto con la Fiscalía asestó el primer golpe contra la minería ilegal en una de las zonas de mayor concentración de mineros ilegales de la ciudad de Huamachuco, en la provincia de Sánchez Carrión, región La Libertad.
A las 5 de la mañana del jueves, alrededor de 120 miembros de la Policía Nacional llegaron hasta el caserío de Shiracmaca con un objetivo: clausurar los campamentos mineros que operan de forma ilegal y burlaban las disposiciones establecidas para el cuidado del medio ambiente.
La intervención se realizó principalmente en la labor ilegal de los hermanos Sánchez Ballena que se extiende en más de un hectárea y operaba a escasos metros de las viviendas ubicadas a faldas del cerro El Toro. Por las condiciones en las que trabajaban ponían en riesgo la salud y seguridad de la población.
En el lugar, sorprendieron a mineros ilegales en plena extracción del mineral al interior de un socavón. Allí jóvenes y adultos son sometidos a trabajar en condiciones infrahumanas y a burlar a la muerte a diario.
Las autoridades procedieron con la clausura de los socavones para hacer cumplir la ley y la disposición de la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos de La Libertad que ordenó la paralización de las actividades ilegales en el cerro El Toro, zona donde han muerto más de 120 personas. El fiscal Jorge Fernández fue quien representó al Ministerio Público en esta operación
El dueño de la labor, Luis Mauricio Carhuallay, reveló que alquiló por cinco años el predio de propiedad de Reynaldo Rodolfo Sánchez Ballena. Sin escrúpulos dijo tener a cuatro personas trabajando a más de 100 metros de profundidad en un socavón. En Shiracmaca, los pobladores ceden el acceso de sus terrenos a la minería ilegal.
Durante el desarrollo de estas acciones, los pobladores vinculados a la minería ilegal, liderados por Delmer Alva, sobrino del agente municipal de Shiracmaca, Oswaldo Alva Polo, se opusieron al desarrollo de la diligencia y trataron de enfrentarse a los agentes policiales. A pesar de enardecer a la gente y tratar de ponerlos contra las fuerzas del orden, el cierre de la labor ilegal de los Sánchez Ballena se hizo efectiva.
“Muchas casas se rajaron por los trabajos que hacían los Sánchez Ballena. Y no han pagado por los daños causados. Quisieron echarle la culpa a otra minera, pero ellos son los culpables. Es hora de que paguen por todo el mal que han hecho en nuestros caseríos” dijeron los pobladores que nunca quisieron ser cómplices, ni ceder el acceso por sus terrenos a la minería ilegal.
Al lugar también se hizo presente, Jorge Espejo Moreno, investigado y sancionado por la Gerencia Regional de Minas por infringir las normas ambientales. Sin temor alguno, increpó a las fuerzas del orden por haber ingresado a una propiedad privada. Jorge Espejo Moreno y Flores Pizán, “Ekeko”, también son los principales operadores en el cerro El Toro, donde se explota laboralmente a menores de edad y donde se ha fijado una tarifa por cada ser humano que muere asfixiado en los socavones ilegales.
El operativo se realizó tras un trabajo encubierto de inteligencia en coordinación con la Dirección Regional de Minería de La Libertad – el mismo que incluye seguimiento autorizado a cabecillas de la minería ilegal y a sus operadores. El cierre de su socavón ilegal significa un duro golpe a las mafias mineras.
