Por conducto notarial, las trabajadoras de la UGEL 01 – El Porvenir, Fiorella Lizbeth Salinas, expresidenta del Comité para la adjudicación de plazas para el desplazamiento por rotación de los trabajadores bajo el Régimen Laboral 276 de la UGEL 01 – El Porvenir, y Luisa Zelada Vergaray, especialista de personal y responsable del Sistema de Control y Administración de Plazas Nexus de la mencionada unidad de gestión educativa local; aclararon que no han sido sancionadas por la omisión de la publicación de la plaza de Auxiliar de Biblioteca de la I.E. N° 80823 «Indoamericano», en el marco del Proceso de Rotación del Personal Administrativo Comprendido en el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, caso que fue abordado en dos publicaciones del 24 y 26 de septiembre de 2021.
Asimismo, piden que nos abstengamos de difundir artículos de prensa que las involucre o vulnere su derecho al honor.
Denuncia e investigación
La nota «UGEL 01 – El Porvenir ocultó plaza en proceso de rotación de trabajadores DL 276», emitida el 24 de septiembre, recoge detalles de la denuncia formal que el secretario de organización del Sindicato de Trabajadores de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad, Manuel Ruiz Briones, presentó ante la UGEL 01 – El Porvenir, la Gerencia Regional de Educación de La Libertad, el despacho del gobernador Manuel Llempén, el Órgano de Control Interno de la GRELL y la Oficina de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción (OTEPA) del Ministerio de Educación, denunciando la omisión de la publicación de la plaza de Auxiliar de Biblioteca de la I.E. N° 80823 «Indoamericano», en el Proceso de Rotación del Personal Administrativo Comprendido en el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276. En el documento, el sindicalista señala a las dos funcionarias públicas como presuntas responsables de la omisión de la plaza.
Sobre esta denuncia, la Contraloría General de la República, a través del Oficio N° 01142-2021-CG/SEDEN de fecha 13 de octubre de 2021, ha señalado que el hecho denunciado cumple con los requisitos establecidos para su admisión y se continuará con la investigación de oficio para determinar la existencia de los indicios de irregularidad. La misiva del órgano de control lleva la firma del subgerente de evaluación de denuncias de la Contraloría General de la República, Jesús Arias Valencia.
Fue el 17 de septiembre, cuando la misma directora de la UGEL 01 – El Porvenir comentó la publicación de la página oficial de Facebook de esta unidad de gestión educativa, en la que se había posteado el cronograma del proceso de rotación y las plazas. Betty Villacorta señaló en ese momento que se tomarían «las medidas correctivas a fin transparentar este proceso y se reporte el 100% de las plazas». Además, agregó que «los que resulten responsables de cualquier negligencia en este proceso serán sancionados».
Semanas antes, el 22 de septiembre, la OTEPA pidió a la dirección de la UGEL 01 – El Porvenir que investigue el caso e informe sobre las acciones adoptadas en un plazo máximo de 10 días.
En nuestra nota «UGEL 01 – El Porvenir publicará plaza que falta y sancionará omisión», del 26 de septiembre, informamos que tras corroborarse la omisión de la publicación de la mencionada plaza, Fiorella Salinas Herrera había sido retirada de la presidencia del Comité para la adjudicación de plazas para el desplazamiento por rotación de los trabajadores bajo el Régimen Laboral 276 de la UGEL 01 – El Porvenir. Esta información fue corroborada poco antes en una entrevista realizada a la directora de la UGEL.
Este viernes, la directora Villacorta precisó que los actos funcionales de Fiorella Salinas y Luisa Zelada, ambas servidoras del cuerpo de gerentes públicos del SERVIR, serán evaluados por la Comisión de Procesos Administrativos de la UGEL. «Se pasó a la Comisión de SERVIR que tiene un plazo de 2 años para hacer la investigación, están dentro del plazo. Se pasó con memorándum para que ellos hagan el proceso de investigación y la comisión es autónoma. Ya ellos ya lo tienen y tienen que iniciar las investigaciones y pasarle un documento para que hagan sus descargos», señaló.
Señalan Fiorella Salinas y Luisa Zelada, que ambas noticias han generado un grave daño psicológico y han perjudicado su buena reputación y honor. Ambas deslindan de cualquier omisión o negligencia en sus actos funcionales, en la no publicación de la plaza de Auxiliar de Biblioteca de la I.E. N° 80823 «Indoamericano». Si embargo, esto deberá ser aclarado por las investigaciones.
Como hemos informado en Macronorte, la omisión de la plaza de auxiliar de biblioteca del colegio Indoamericano fue corregida y salió a convocatoria a pocos días de finalizar el mes de septiembre.
En resumen, es cierto que las dos servidoras no han sancionadas aún, pero sí están siendo investigadas. Con esto dejamos en claro que no ha existido difamación alguna, sino más bien el abordaje de un hecho que podría afectar el interés público y en el que se encuentran vinculados servidores públicos, cuyo accionar estará siempre bajo el escrutinio de la prensa.
Pretensión Inaceptable
Las firmantes de la carta notarial, enviada a este medio de comunicación el 21 de octubre, pretenden que revelemos nuestras fuentes. Siendo esta una petición inaceptable, les recordamos que la reserva de la fuente es una garantía para la libertad de información y prensa, es un derecho fundamental asociado a nuestro secreto profesional y es un deber ético protegerla.
Intimidad personal
En la carta notarial se señala que hemos transgredido el Artículo 154 de Codigo Procesal Penal relacionada a la intimidad personal. Tenemos la convicción que Macronorte no ha violado la intimidad personal de ambas funcionarias, debido a que las fotografías de su rostro sirven para identificarlas ante la opinión pública. El abogado y decano del Colegio de Periodistas de La Libertad, Alfredo Galindo, opina en ese mismo sentido y no considera que se haya afectado la intimidad personal de las dos servidoras, cuyas rostros fueron publicados en uno de nuestros reportajes.
«Cuando uno es funcionario público, este derecho a la intimidad personal se relativisa por cuanto está sujeto al escrutinio público y su imagen cuando es pública no hay necesidad de solicitar una autorización previa para que pueda ser difundida, lo que no ocurre con una persona común y corriente», señaló.
