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Recientemente el Ministerio de Trabajo emitió el Decreto Supremo N° 014-2022-TR que presenta múltiples modificaciones a la regulación para la conformación de sindicatos y del ejercicio del derecho de huelga en el país.

Este decreto reduce los costos de formación de sindicatos, eleva la capacidad de los sindicatos para dañar económicamente a las empresas, fortalece a las federaciones de sindicatos, centraliza la actividad sindical, brinda beneficios a las dirigencias sindicales y fomenta la sindicalización por rama, cadena productiva y en Pymes.

El discurso oficial y de los sectores de izquierda consideran que esta es una medida que acerca al gobierno a los trabajadores y con ello a las mayorías nacionales. Sin embargo, la evidencia indica que la sociedad peruana no posee la estructura asociada a una sociedad industrial clásica. Un 70% de la población trabaja en el sector servicios, una pequeña mayoría trabaja en grandes empresas y un 75% de la población es informal.

De acuerdo con un estudio de Ipsos, encargado por el Centro Wiñaq, un 70% de los peruanos encuestados no está enterado sobre el decreto, a pesar de las declaraciones de múltiples voceros oficialistas, organizaciones sindicales y activistas políticos que han tratado de colocar el tema en la agenda pública.

Otro dato significativo consiste en un rechazo que supera ligeramente al apoyo entre la minoría que conoce del proyecto, en mayor medida en Lima donde el rechazo es 14 puntos más alto que el apoyo.

Una de las preguntas planteadas evalúa la postura de la ciudadanía frente posibles acciones del legislativo. Se encuentra que un 24% desea un rechazo directo del DS de parte del Congreso mientras un 26% una aceptación plena a la medida del Ejecutivo. Asimismo, un 40% apoya la suspensión de la aplicación del DS mientras se realiza un proceso de diálogo social con diverso tipo de actores.

Fuente: RPP