El jefe de la Oficina del Control de la Magistratura del Poder Judicial, Ulises Yaya Zumaeta, y los integrantes de este órgano de supervisión visitarán del 19 al 21 de abril la Corte Superior de Justicia de La Libertad,
Este nuevo procedimiento, aprobado por Resolución N° 061-2023-J-OCMA/PJ, tiene como objetivo el desarrollar una línea de acción móvil que permita el desplazamiento de las Unidades de Defensoría del Usuario Judicial de la OCMA y de las Oficinas Desconcentradas de Control de la Magistratura (Odecma) de todo el país, a fin de atender las quejas de los usuarios judiciales de zonas alejadas de sus respectivos Distritos Judiciales que por su condición de personas en situación de vulnerabilidad tienen limitación de movilidad y/o restricciones económicas.
«Queremos hacer control itinerante, acercarnos a los pobladores que no pueden llegar a los órganos de control en busca de justicia», sostuvo el juez supremo Ulises Yaya Zumaeta.
Por su parte, el titular de la Corte de La Libertad, Víctor Alberto Martín Burgos Mariños, y el jefe de la Odecma, Manuel Rodolfo Sosaya López, indicaron que estarán a disposición de desarrollar y hacer seguimiento a todas las acciones de mejora que se consideren realizar en este Distrito Judicial, con la finalidad de ofrecer un servicio óptimo al usuario liberteño.
«En esta gestión, estamos trabajando en conjunto con la Odecma para encontrar los puntos críticos, facilitar de herramientas y fortalecer a los jueces y personal para que así, puedan ofrecer un servicio de justicia adecuado a la población. Nuestro objetivo es reducir la mora judicial para que la ciudadanía realmente sienta el compromiso que tenemos como servidores públicos de garantizar respuestas rápidas a sus demandas», acotó el doctor Burgos Mariños.
Cabe destacar que el Poder Judicial cuenta con instrumentos normativos que permiten el acceso y pleno goce de los servicios que brinda a las personas que, por circunstancias sociales, económicas, geográficas o culturales, se encuentran en dificultad para ejercer a plenitud los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico; razón por la cual el jefe de la OCMA promueve su inmediata implementación.
