Uno más. La Procuraduría General del Estado denunció al congresista José Arriola Tueros ante la Fiscalía de la Nación por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo impropio y, alternativamente, por supuesta concusión.
Esto fue dispuesto luego de que un informe periodístico revelara que recortaba el sueldo a sus trabajadores bajo la modalidad de una declaración jurada, la cual era firmada por las víctimas para “justificar” la entrega de un porcentaje de su remuneración para una supuesta labor social que brindaría el acciopopulista.
Es así que, en su defensa, el congresista Arriola explicó que no recorta el sueldo de sus trabajadores, sino que estos apoyan al despacho comprando abarrotes y productos que son donados en zonas humildes, especialmente en el distrito de Ate, donde el parlamentario ha vivido y en cuya municipalidad también ha trabajado.
Es de señalar que, hasta el momento, el Ministerio Público ha abierto investigaciones preliminares contra las congresistas acusadas por recorte de sueldo a sus trabajadores. Heidy Juárez, Magaly Ruiz, Rosio Torres, Katy Ugarte y María Cordero Jon Tay tienen procesos fiscales abiertos por el presunto delito de concusión, el cual está establecido en el artículo 382 del Código Penal. Este mismo camino sería el que adoptaría la Fiscalía con el Arriola Tueros.
