La Libertad: gestión de Luis Cortijo no ha destinado presupuesto para personas con discapacidad en Charat

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Mediante Informe de Orientación de Oficio N° 3281-2023-CG/DEN-SOO, la Contraloría General de la República identificó que la gestión del alcalde de la Municipalidad Distrital de Charat, Luis Cortijo, no ha programado el presupuesto institucional para financiar los gastos operativos, planes, programas y servicios que por ley deben realizar las oficinas municipales de atención a la persona con discapacidad (OMAPED) a favor de la población con discapacidad de su jurisdicción en el año 2023.

Esta situación pondría en riesgo la promoción, protección y realización, en condiciones de igualdad, de la persona con discapacidad; así como, ser pasible de sanciones y/o multas por parte del ente rector.

Es así que, la Comisión de Control de la Subgerencia de Gestión de Denuncias, el 30 de marzo de 2023 ha revisado la información registrada en la base de datos pública del Portal de Transparencia Económica Perú/Consulta Amigable/Consulta de Ejecución del Gasto del Ministerio de Economía y Finanzas, en la Actividad Presupuestal: 5005387 – Mejoramiento y Atención a las Personas con Discapacidad, correspondiente al departamento de La Libertad, provincia de Otuzco; en la cual no se advierte que la Municipalidad Distrital de Charat haya programado el presupuesto institucional en la mencionada actividad presupuestal, pertinente para financiar los gastos operativos, planes, programas y servicios que por Ley debe realizar la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) a favor de la población con discapacidad de su jurisdicción, correspondiente al año fiscal 2023.

Ante ello, la Contraloría remitió el Informe de Orientación a la Municipalidad de Charat con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del uso del presupuesto institucional a favor de la población con discapacidad de su jurisdicción.